La guerra contra la población: la inseguridad pública

El crimen común es la principal amenaza que la población mexicana siente en carne propia, en todos los estratos sociales. Las fuerzas de seguridad no logran reducir los índices de delito. Los cuerpos policiales son acosados por los políticos que los conducen y les exigen eficiencia; por la población, que exige el fin de la corrupción, y por los carteles, que los buscan para que trabajen para ellos. Todo esto ha generado una realidad dramática que ha hecho que los militares comiencen a encargarse del trabajo de la policía. A inicios de 2009, casi la mitad de los cuerpos policiales estatales eran conducidos por militares, sin que ello haya demostrado una mayor eficiencia en la reducción del delito.

Uno de los principales debates relacionados con el combate contra el delito y la inseguridad pública gira en torno de la participación de los militares. A diferencia de lo que ocurre con la policía, la población tiene una elevada confianza en las Fuerzas Armadas. Después de las universidades, son las instituciones que generan más confianza en México.

La dispersión de las fuerzas de seguridad es clara. Según el actual secretario de Seguridad Pública, hoy existen en México 1.661 corporaciones policiales. En 2008 existían casi 340.000 policías distribuidos entre policías municipales, estatales y federales. De ellos, muchos son militares. Cuando se inició el gobierno de Vicente Fox, en 2000, casi la mitad de la Policía Judicial Federal (PJF), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), estaba conformada por militares. Evidentemente, no había ninguna confianza en los policías civiles. De igual manera, al crearse la Policía Federal Preventiva (PFP), en 1998, su base fueron las Fuerzas Armadas. Una importante reforma policial implementada durante el gobierno de Fox fue la transformación de la PJF en la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Cuando se inició el proceso, el principal problema fue enfrentar la corrupción: en 2001, 7,61% de los policías judiciales tenían procesos penales en su contra; en 2002, 3,64%; en 2003, 6,56%; en 2004 y 2005 ya se había erradicado a los policías de la AFI que tenían cargos penales.

En México, los delitos se dividen entre el fuero común y el federal. En el primer fuero se incluyen aquellos que afectan habitualmente a la población: robo, homicidio, violación, secuestro y fraude. En total, suman más de 90% de la actividad delincuencial. El resto corresponde al crimen organizado. Junto con la creciente participación de militares, el debate sobre la inseguridad está dominado por las estrategias de mano dura. Sin embargo, la mayoría de los análisis coincide en que la mano dura no constituye una solución efectiva al crimen común y en que la clave pasa más bien por buscar estrategias de acercamiento comunitario, lograr más profesionalidad y honestidad e incluso la participación activa de la ciudadanía. El problema en México es que la mano dura se identifica con el empleo de las Fuerzas Armadas, con la impunidad y con posibles violaciones a los derechos humanos.

Así, el debate sobre qué tipo de policía se requiere para enfrentar las distintas modalidades de crimen incluye la necesidad de una policía de proximidad con la población, orientada a atacar el crimen común, y una policía militarizada (o el empleo directo de los militares por la ausencia de policías profesionales) para combatir al crimen organizado. El problema es que se recurre a una estrategia de militarización sin distinción del tipo de delito.